Mujeres de Atenco, tortura sexual e impunidad

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El Estado mexicano violó sus garantías
individuales. Fueron agredidas con golpes en todo el cuerpo, despojadas de su
ropa, violentadas sexualmente, mordidas, pellizcadas… les cubrieron el rostro,
les introdujeron dedos y objetos anal y vaginalmente, las violaron, las
humillaron, las insultaron, las amenazaron de muerte y finalmente se les negó
la asistencia ginecológica para que no pudieran demostrar la tortura sexual…
Ese fue el calvario por el que pasaron 47 mujeres detenidas en Atenco hace tres
años; de las cuales, solo 11 han decidido continuar con las denuncias contra
los policías de los tres niveles que ejecutaron la tortura sexual buscando
aniquilarlas como mujeres y como colectivo.

La tortura sexual en Atenco tiene nombre de hombre: se llama Enrique Peña
Nieto, gobernador del Estado de México y actual aspirante a la presidencia del
país, por el Partido Revolucionario Institucional. Fue quien ordenó la
represión contra campesinos y floristas, violando todas las leyes que
garantizan el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales
que el gobierno de México ha ido firmado de manera hipócrita, pero no respeta.

A Peña Nieto no le tembló la mano a la hora de administrar violencia, pero los
hechos de Atenco constituyen un crimen de Estado que no prescribe y le
perseguirá mientras viva. Orgulloso de su delito, el hombre conocido como “el
gavioto” se atreve a declarar que Atenco, “más que un error, fue un acierto”
porque él mismo fue capaz de restablecer el orden. Y que si “volviera a
suceder, lo volvería a hacer”.

Sabiendo que goza de una patente de corzo, avalada por la Tremenda Corte de
Justicia que continua en su camino institucional de impartir impunidad, Peña
Nieto ahora nos sorprende lanzando una campaña nacional para “dignificar” a
Mujeres destacadas.

El funcionario capaz de administrar la peor tortura sexual de la historia
reciente del país se disfraza de hombre respetuoso de las mujeres, de la mano
de Lucero, aquella cantante que utilizando el uso de la fuerza de sus escoltas
armados, arremetió contra los periodistas que cubrían su espectáculo. Dios los
cría y ellos se juntan. Por lo menos ambos tienen algo en común: el gusto por
la violencia.

Peña Nieto no está solo en la lista de represores, también lo acompañan Eduardo
Medina Mora, procurador de México, y ex secretario de Seguridad Pública
Federal; Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia Estatal de
Seguridad Pública, y el ex procurador del Estado de México, Abel Villicaña
Estrada. Todos tienen el común denominador de ser funcionarios por encima de la
ley. Ninguno está sometido al escrutinio de la Constitución. Son los impunes de
Atenco.

Impunes, porque en Atenco participaron a sus órdenes 3 mil elementos de
seguridad que cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos. De
estos policías que denigran su propio uniforme y corporación, solo 20 han sido
procesados. Por supuesto, todos han acudido a su cita con la justicia gozando
de libertad, debidamente amparados y apoyados por sus superiores.
La represión en Atenco fue un escándalo internacional, documentado por
organismos de derechos humanos independientes y el Estado mexicano no ha
encarcelado a ningún responsable. Los policías pueden argumentar “obediencia
debida” a sus superiores, pero los superiores actuaron con el respaldo del
presidente Vicente Fox y ahora --en perpetuar la impunidad-- con el de Felipe
Calderón. La cadena de mando está clara.

De los 20 policías procesados. Ninguno pisó la cárcel, solo el violador Doroteo
Blas Marcelo fue condenado por “actos libidinosos”. Su víctima, Ana María
Velasco Rodríguez, obligada a practicarle sexo oral, pudo reconocerlo gracias a
que el torturador cuando terminó, le estiró de los cabellos y le dijo mirándole
a la cara: “Ahora te lo vas a tragar, perra!... El juez Tomás Santana Malvaez
lo condenó con una multa de solo mil 877 pesos y lo absolvió del pago de la
reparación a la víctima.

Esa ha sido la constante en el “caso Atenco”: el aparato de impartición de
justicia al servicio de la protección del Estado y no de sus ciudadanos.
Mientras los magistrados sigan recibiendo un sueldo que funciona como un
cohecho entregado por el Ejecutivo de casi de un millón de pesos mensuales,
jamás serán independientes.

Por eso nos preguntamos: ¿Será capaz el Estado democrático mexicano de
autoinculparse? Jamás. No existen los instrumentos, ni los protocolos
jurídicos, mucho menos la voluntad política de hacer justicia a las mujeres
víctimas de la tortura sexual en Atenco.

En México la tortura del Estado no es un delito, es una constante sin castigo.
Y lamentablemente el gobierno utiliza a otra mujer para perpetuar la impunidad:
Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos
contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), quien no ha sido capaz ni
siquiera de atraer el caso que anómalamente se lleva a cabo en el Estado de
México, para garantizar la imparcialidad necesaria.

Al contrario, ha sido la Fevimtra la que ha obstaculizado la búsqueda de la
justicia de las víctimas y las ha revictimizado aplicándoles estrictos métodos
para comprobar la tortura, sin respetar el Protocolo de Estambul.
Las mujeres de Atenco, mientras tanto, resisten y nos ofrecen una invaluable
lección de entereza y compromiso social.

* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios
libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la
pederastia clerical” (Editorial Planeta).

Gloria Careaga
Facultad de Psicologia, UNAM